El anteproyecto de ley de cambio climático

El pasado martes 19 de mayo, en mitad de la pandemia ocasionada por Coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética.

Y es que a pesar de la gran tragedia que significa esta crisis del Coronavirus, el confinamiento forzado o voluntario de buena parte de la población mundial, junto con el parón en innumerables actividades, ha puesto de manifiesto una moderación del impacto humano sobre el medio ambiente sin precedentes en la historia reciente.

Los cambios ambientales provocados por el coronavirus se han dejado sentir por tierra, mar y aire. Las imágenes por satélite nos han mostrado una atmósfera más limpia que nunca.

Y es que España es desde hace décadas una de las regiones más expuestas al calentamiento global de Europa, alertada en numerosas ocasiones por los científicos de los riesgos para el país de las olas de calor, la desertificación, las sequías, las inundaciones costeras…

Sin embargo, España no cuenta con una ley de cambio climático, a pesar de que el Congreso reclamó esa norma en 2011. Hoy esta ley, además intentar cumplir con las políticas necesarias para que España cumpla con sus compromisos climáticos internacionales, se presenta como una oportunidad para salir de la crisis económica ligada al Covid-19.

Porque la crisis sanitaria que estamos viviendo se puede quedar corta si la comparamos con las muchas situaciones de riesgo a las que nos puede llevar la emergencia climática, si no hacemos nada para evitarlo.

¿En qué consiste esta ley de cambio climático?

Algunas de las medidas que considera este anteproyecto de ley:

• Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.  
• En materia de producción energética se contempla un horizonte de 100% producción energética renovable.
• No se otorgarán nuevas autorizaciones, permisos de investigación y concesiones de explotación a hidrocarburos en todo el territorio nacional
• Dota a las ciudades de una cobertura legal para abordar estrategias contra la contaminación urbana. Por ejemplo, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes podrán poner límites a la circulación de vehículos diésel a partir de 2023.
• Impulsar el uso de medios de transporte eléctricos privados. Para ello prevé potenciar el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
• Impulsa que la contratación pública incluya en sus criterios la reducción de las emisiones de CO2.

En resumidas cuentas se trata de adaptar nuestro sistema económico y productivo para que sea muchísimo más sostenible.

Se trata de reaccionar rápidamente y de una manera eficaz, a menos que queramos convertir nuestro planeta en un lugar inhabitable, al menos para nuestra especie.

Ahora queda que las empresas recojan el guante y se preparen para adecuarse a los paquetes de medidas para hacer frente a la emergencia climática y al problema ambiental general. Y es que existen muchas oportunidades de mejora relacionas con la gestión medioambiental que impactan indirectamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente se trata de reducir nuestra huella ambiental sin reducir la calidad de vida de la población.